FENOMENOLOGÍA DE LA CORRUPCIÓN

Por Rafael Bautista S.

"La corrupción es un derecho del Estado colonial"
Evo Morales

Si bien el fenómeno de la corrupción atraviesa casi toda la historia
de la humanidad, en países como Bolivia, nos referimos
específicamente a la corrupción como componente estructural del
patrón colonial del poder. La corrupción es un derecho, como
privilegio, que se otorga el Estado colonial. Su legitimación
consiste en una tradición que, por ejemplo, se especificaba en
el "derecho de pernada" (derecho que se atribuye el señor feudal de
complacerse con la flamante esposa de su siervo) o el "derecho de
patronato" (privilegios y facultades que se le otorga al patrón por
ser patrón). Estos "derechos" reclaman la naturalización de los
privilegios; es decir, los privilegios vienen con la sangre,
secularizadamente quiere decir: el novo ordum se legitimiza
eternamente por sucesión hereditaria.

El Estado colonial se otorga estos "derechos" antes de todo derecho.
El espíritu mismo del derecho positivo no es otra cosa que la
secularización de estos privilegios naturalizados; el ius gentum
(derecho de gentes) y el ius peregrinandi (derecho internacional) no
es el derecho de todos sino el derecho de quienes se considera
gentes: la determinación moderna del individuo: el ciudadano. Por
eso quienes logran acceder a esta nominación lo harán renegando de
su condición originaria (blanqueamiento histriónico del que niega lo
que es y asume lo que no es), adoptando las determinaciones últimas
de la ciudadanía: libertad de contratos y propiedad privada; por eso
estos derechos, después, se expanden al espejo de esta ciudadanía
abstracta (aunque con color específico): las personas jurídicas, las
empresas; quienes gozarán también, en lo sucesivo, de derechos
humanos.

En ese sentido, la corrupción no riñe con el derecho, pues la misma
ley consagra esos privilegios. Por eso se presenta como el "imperio
de la ley". Como tal, lo que tiene enfrente, ya no son sujetos, cuya
dignidad deba respetar, sino meros súbditos, vasallos. Los seres
humanos se transforman en esclavos de un imperio que dice: fuera de
mí no hay dios, ni juez, ni rey. Por eso violar la dignidad humana
no es contrario al derecho colonial; es más, ese derecho consiste en
la legalización de esa violación. Por eso la corrupción está en su
origen mismo. La clasificación racial constituye el suelo de la
discriminación positiva que realiza el derecho moderno-colonial: hay
Estado de derecho para unos cuantos (los operadores que precisa la
ley) pero Estado de guerra para el resto.

John Locke lo manifiesta explícitamente, porque el ser humano del
cual habla (el ciudadano europeo moderno) "tiene el derecho de
castigar a un culpable, haciéndose ejecutor de la ley natural". El
culpable que, por supuesto, somos nosotros, por transgredir aquella
ley natural (el oponernos, por ejemplo, al robo de nuestras riquezas
o la expulsión de nuestra tierra, o sea, nuestra "insensata"
negación a los business) "viene a manifestar que con él no rige la
ley de la razón, que es la medida que Dios estableció para los
hombres". Es decir, nuestra negación es negación diabólica. La
secularización del derecho divino de los reyes ha producido los
modernos derechos humanos liberales; derechos del propietario que,
como mediación de la circulación del capital, globaliza
estos "derechos humanos" y, en nombre de los cuales, se niega y
aplasta todo derecho humano.

La corrupción está en el origen; pues estos derechos son el
atropello del derecho de los demás. Si la corrupción es consentida
como un derecho natural, la negación de esta a los subalternos es
coherente con el espíritu del Estado colonial: es un privilegio del
patrón, no del vasallo. Por eso la iracundia del sector conservador,
ante los actos recientes de corrupción, no impugna la corrupción
misma sino ese su derecho arrebatado por los vasallos (si la
corrupción es cometida por las elites no hay problema, el problema
aparece cuando este derecho ya no pueden ejercerlo las elites
mismas): la corrupción de su sociedad es el espejo de su misma
condición, la imagen y semejanza de su creación. Por eso la
diligencia acusatoria de los medios no clama justicia sino venganza;
reclama el desencubrimiento de algo que sostenía la reproducción
eficaz del sistema de dominación, porque ello les obliga a impugnar
ese fenómeno, a poner en suspenso una moral acorde a la corrupción
estructural de una sociedad adicta al enriquecimiento ilícito. Por
eso la saña (¿qué decía Caifás?: "os conviene que muera uno solo y
no perezcamos todos"). Se trata del resentimiento típico del poder.
20 años de corrupción neoliberal no merecían la más mínima denuncia
sino el consentimiento tácito de su naturalidad. Si ahora los
maestros de la corrupción (como los senadores de ¿podemos?) acusan,
se demuestra lo corrompido del derecho. Por supuesto, los maestros
no dejan huella y, en su sorna, señalan la inocencia del primerizo.
Lo cual no produce su perdón sino su encono: mancillar ese su oficio
descubierto es lo que les irrita. Por eso se ensañan contra los
acusados, pero no apoyarán jamás la ley anticorrupción, porque eso
sí sería el desmantelamiento total de su condición.

Por eso señalan amenazantes: fuera de mí no hay juez. El derecho
colonial consiste en eso: en negar que todos sean jueces. Si uno es
juez, todos son jueces. Pero la mentalidad colonial dice todo lo
contrario: fuera de mí nadie es juez. Esa es la corrupción
originaria, inicio de todo despotismo. Presente también en la ley,
como la autoridad suprema. Por eso: no hay autoridad legítima en sí
misma. Toda legitimación proviene del reconocimiento recíproco e
intersubjetivo de la dignidad de todos. El juez no puede jamás
impartir justicia si no asume que los demás son también jueces, que
sus actos son también objeto de juicio. Este reconocimiento le
devuelve dignidad otorgando dignidad a los demás. Si todos son
jueces, nadie puede atropellar a nadie. Por eso la justicia no puede
ser unívoca. El pluralismo jurídico va más allá de la diversidad
jurídica. Consiste más bien en la constatación de que todos somos
jueces, es decir, sujetos ante la ley y no meros vasallos de ésta.
Por eso la ley está hecha para el ser humano y no al revés. Acabar
con la corrupción no consiste en afirmar ciegamente un "imperio de
la ley" sino en negar todo imperio. Porque ciego es aquel que no
asume responsabilidades. El sujeto no es deducido de la ley sino el
productor de leyes. Esta potestad es lo que le otorga cordura,
lucidez, es decir, responsabilidad. En esta responsabilidad radica
su libertad ante la ley: la vida concreta del sujeto viviente como
criterio último de la ley.

Una lucha contra la corrupción es parte constitutiva de un proceso
de descolonización. La cual debe enfrentarse en todos los ámbitos,
porque la corrupción no es patrimonio exclusivo de una sola
instancia, es parte constitutiva de la estructura del sistema
colonial; y es algo que, en los últimos 20 años, ha atravesado
también dirigencias y organizaciones populares. El show de los
medios insistirá, como dios, en repartir culpas a granel; pericia
del que gusta enlodar todo para que su propia suciedad no sea tan
obvia. Pero la acción del presidente, por demás encomiable y nunca
reconocida por aquellos que nunca habrían hecho algo semejante (pues
semejante destitución de un hombre clave es inédita), merece ser
acompañada de una abierta recomposición moral de las dirigencias. En
definitiva, es lo que el proceso va exigiendo: la reconstitución de
cuadros políticos coherentes con esta nuestra revolución
descolonizadora.

La Paz, febrero de 2009

Rafael Bautista S.
Autor de "OCTUBRE: EL LADO OSCURO DE LA LUNA" y
"LA MEMORIA OBSTINADA"
rafaelcorso@yahoo.com