Punto de vista. Por Jorge Horacio Gentile - profesor de Derecho Constitucional- Univ. Nacional y Católida de Córdoba.
El conflicto del campo y las elecciones han servido para recordarnos que este año se cumplen 15 sin que se haya dictado la ley de coparticipación federal prevista en la Constitución reformada en 1994 y que tenía que aprobarse antes de terminar 1996 (artículos 75 incisos 2 y 3 y Disp. tr. 6ª). En esta década y media la caja del gobierno federal creció y las de las provincias y sus municipios se achicaron; se creó así una inaceptable y humillante dependencia fiscal y política.
La Constitución de 1853 dispuso que el gobierno federal se financie con los derechos de importación y de exportación y con las tarifas de aduana. Pero desde 1891 el Congreso aprobó distintas leyes que agregaron a estos los llamados impuestos internos, que gravaban las ventas de distintos productos, y que, hasta entonces, eran recursos pertenecientes a las provincias.
Un decreto del gobierno militar en 1831, que una ley ratificó, creó el impuestos a los réditos (hoy impuesto a las ganancias), por el que el gobierno nacional gravaba el ingreso de las personas, que, según la Constitución, era también de resorte provincial. Así es como el gobierno federal se apropió de recursos de las provincias, y para que estas leyes no sean declaradas inconstitucionales, se dispuso que rijan por tiempo determinado (se prorrogaron hasta hoy) y se coparticipaba a las provincias un porcentaje de lo recaudado. La última ley de coparticipación, dictada en 1988 en forma provisional durante la presidencia de Raúl Alfonsín, es la que regía cuando se reformó la Constitución de 1994, y está vigente todavía. El régimen de coparticipación, además de aumentar los recursos del gobierno central en desmedro de las provincias y sus municipios, desalentaron la recaudación de los tributos locales.
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