El Estado argentino hoy no tendrá mucho para aplaudir cuando se festeje, según lo dispuesto por las Naciones Unidas, el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción. Si se mide en términos numéricos, el padecimiento del país es escalofriante: entre 1980 y 2007 la Argentina perdió 13.000 millones de dólares por la corrupción de sus funcionarios. Y si se mide en términos abstractos, el Estado tiene una importante deuda en materia de credibilidad de sus organismos públicos y en relación con el cumplimiento de las normativas tendientes a dar mayor transparencia.
Según la evaluación que surge de un extenso informe que presentó ayer Poder Ciudadano sobre la base de un trabajo realizado por la Organización de Estados Americanos (OEA), el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, "en la Argentina aún no se han dado a conocer medidas importantes para la promoción de transparencia y de castigo de la corrupción".
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