Los gobernadores de las provincias se frotan las manos pensando en este miércoles. Kirchneristas u opositores, todos sacaron rápido las cuentas sobre el dinero que recibirán si el Senado aprueba la coparticipación total del impuesto al cheque, que el año pasado le arrimó a la AFIP la nada desdeñable suma de $ 20.561 millones. De obtener la venia de ambas cámaras, la modificación le arrancaría a la Nación unos $ 10.300 millones al año. Los tributaristas más respetados avalan el cambio, pero advierten que la tasa –creada en 2001 por Cavallo para paliar las emergencias de la crisis– será más difícil de eliminar en el futuro, porque ganaría nuevos defensores.
En el esquema actual –que el Gobierno se niega a reformar–, las provincias apenas reciben un 15% de lo recaudado. Es porque sólo se coparticipa un 30% de lo que pagan los contribuyentes por cada crédito y débito que realizan en bancos, y la mitad de eso queda en las arcas nacionales. El proyecto que aprobaron la semana pasada tres comisiones del Senado apunta a garantizar un piso mínimo del 34% del total para las provincias, y a pasar a un reparto general del 42,3% para la Nación y 54,6% para los distritos, como el que rige para los demás tributos coparticipables.
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