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Red Nacional de Medios Alternativos

martes, 17 de mayo de 2011

MARCHA CONTINENTAL INDÍGENA Y DE LOS PUEBLOS EN CONTRA DE LOS MEGAPROYECTOS MINEROS

Los pueblos indígenas de 12 países han convocado a una movilización continental el 21 de junio del 2011 en defensa de la vida y el ejercicio pleno de sus derechos ante el impacto de la minería, según una declaración difundida hoy en Lima.

Se acompaña el texto completo la declaración final del Foro.

Alrededor de un centenar de líderes indígenas de Bolivia, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú y Sudáfrica acordaron además constituir una plataforma continental de lucha frente a las políticas extractivas, a las cuales se oponen por causar contaminación en el territorio que ocupan. La declaración final del Foro de los Pueblos Indígenas "Minería, Cambio Climático y Buen Vivir", celebrado del 18 al 20 de noviembre en Lima pero que solo hoy hizo pública su declaración, reiteró su negativa tajante contra la minería trasnacional y exigió la inmediata derogatoria de los títulos y concesiones mineros "inconsultos". Agregó que los pueblos indígenas son "los dueños legítimos desde los tiempos ancestrales del suelo, subsuelo y recursos naturales que albergan nuestros territorios".

Red Latina SF-17/5-Leer Completo



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Análisis-17/5:
La iniciativa crea una división específica en la PolicíaLa Cámara de Senadores sancionaría la norma contra la trata de personas
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El proyecto tiene dictamen y está reservado para la próxima sesión.
La Cámara Alta convertiría en ley en su próxima sesión el proyecto de Red Alerta y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) que propone la creación de un Programa de Prevención, Asistencia y Protección de la Trata de Personas. La propuesta, que tiene despacho de comisión de Legislación General en el Senado, quedó reservada para su tratamiento en la próxima sesión, es decir la semana que viene. Por ella, se propende “a la acción conjunta de los poderes del Estado, obligándolos a actuar con la diligencia debida en tiempo y forma” y “dirigir la acción estatal para impedir la vulneración de los derechos humanos como la trata de personas”. Entre otras cuestiones, la iniciativa obliga a los funcionarios a denunciar todo hecho relacionado con la trata de persona y crea una división específica en la Policía provincial para atender la problemática.

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