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Red Nacional de Medios Alternativos

domingo, 8 de septiembre de 2013

La batalla geopolítica por el petróleo y el gas

Balcanizar mediante una miríada de guerras "étnicas" y "religiosas" parece ser el único plan coherente y de aplicación sistemática del régimen estadounidense
La guerra contra Siria es un capítulo más de la batalla geo-energética que se libra en Medio Oriente y el Cáucaso, pero que se extiende más allá, desde el Norte de África hasta Asia Central. Unidos por ese hilo conductor se encuentran hechos que en los medios de comunicación aparecen como sucesos aislados, y no como piezas de un mismo rompecabezas.
A esa trama pertenecen los "atentados" del 11 de septiembre de 2011, el terrorismo en el Cáucaso Norte, las invasiones a Irak y Afganistán, la guerra entre Georgia y Rusia, la mal denominada “primavera árabe”, sus hermanas las precedentes “revoluciones de colores” en países integrantes de la ex URSS, los acuerdos energéticos de Rusia con China y Alemania, el asedio a Irán, y una larga lista imposible de enumerar.
El jugador principal es Estados Unidos, y sus contendientes son China y Rusia (que es al mismo tiempo partícipe y parte del territorio donde se libra la batalla). La Unión Europea interviene, pero no de manera unívoca sino atravesada por una trama de contradicciones y acuerdos entre sus componentes principales (Alemania, Francia y Gran Bretaña). Otros actores importantes son Irán e India. Con papeles menos relevantes -de manera subordinada a o semi-solapada con los actores principales- también intervienen Turquía, Qatar, Siria y Arabia Saudita [e Israel]...








El G20 se constituyó en cumbre de presidentes en 2008, cuando la crisis mundial del capitalismo era un dato evidente. De grupo técnico se transformó en cónclave político para tratar de encontrar respuestas a la crisis mundial.
No estamos muy lejos si afirmamos que lo único que se resolvió desde entonces es fortalecer la capacidad de acción del FMI para inducir las políticas de ajuste contemporáneo, que incluye la intervención estatal para el salvataje de bancos y empresas en problemas. El ajuste en la actualidad supone un nuevo papel del Estado en el salvataje de empresas, aunque su contraparte sea el agravamiento del problema del empleo y el ingreso de los trabajadores a escala global. Es cierto que crecientemente se incorpora un lenguaje que suena mejor en las declaraciones finales, como la preocupación por la producción contra la especulación, el tema del empleo y la persistente denuncia de los paraísos fiscales, ahora denunciados como guaridas fiscales...







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Asunción, 8 sep (PL) La movilización unitaria de trabajadores, campesinos e indígenas y sus planteamientos para el logro de un Estado con justicia social acapararon la actualidad en la semana paraguaya que acaba de terminar.


Una coincidencia en los intereses y demandas de esos sectores populares permitieron en un Congreso Unitario estructurar un programa de lucha por conseguir la vigencia de la justicia social en la nación mediterránea.



El documento, entregado a los jefes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, marcó, según todos los indicios, una nueva estrategia en la batalla por lograr la satisfacción de los reclamos de una parte sustancial y más desvalida de la sociedad.



Obligado por una manifestación importante en esta capital apoyada por movilizaciones en otros departamentos, el gobierno aceptó sentarse en la mesa de negociaciones a debatir la próxima semana las propuestas que buscan cambiar el rostro del viejo Estado.



La esperanza de soluciones es mínima a juzgar por la posterior reafirmación, por ejemplo, de la postura gubernamental en relación con los reclamos de los docentes y su decisión de descontar salarios a los maestros huelguistas, lo que puede llevar a un nuevo paro nacional.








Un derecho fundamental de todo ciudadano es la libertad de asociación, facultad engranada a la libertad de expresión y locomoción. Si falta uno de estos elementos, cualquier discurso resultará vacuo y cualquier ley, injusta o ineficaz.
Pretender que un movimiento social prescinda de plantear una posición política es desconocer que los grandes sucesos, conmociones y transformaciones de una nación, siempre tienen una amplísima base popular. El ejemplo clásico está en las luchas por la independencia, incluso desde la Revolución de los Comuneros, primera muestra articulada de una conciencia nacional colombiana (o neogranadina por aquellas épocas), donde los diferentes gentilicios, ya se sentían compatriotas.
También fueron movimientos políticos los que a principios del siglo XX emprendieron los comerciantes y asalariados del banano en las plantaciones del Magdalena, cuando sólo ellos sentaron posición de soberanía frente a la explotación del extranjero y la corrupción de las autoridades; o qué decir de los maestros del Caribe emprendiendo la Marcha del Hambre en 1966, todos estos movimientos sociales fueron propuestas políticas nacidas desde la base del pueblo, defendidas hombro a hombro por los trabajadores y reprimidas por la dirigencia oficial.
Hoy en Colombia confluyen los más diversos sectores de la sociedad, contrario a lo expresado en la prensa pagada por el presupuesto nacional, agricultores, mineros, transportadores, estudiantes, madres comunitarias y maestros, están unidos por mucho más que un subsidio o un aumento salarial, los enlaza el deseo de vivir en un país justo y soberano.
Varios son los pliegos de peticiones que a todo pulmón y con gran sustentación se defienden en este país, desde la plaza pública hasta las universidades; lo sorprendente es que las exigencias de los diferentes grupos sociales son complementarias entre sí, o qué decir de lo planteado por la Mesa de Interlocución Agraria Nacional:
  1. Exigimos la implementación de medidas y acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria.
  2. Exigimos acceso a la propiedad de la tierra.
  3. Exigimos reconocimiento a la territorialidad campesina.
  4. Exigimos la participación efectiva de las comunidades y los mineros pequeños y tradicionales en la formulación y desarrollo de la política minera.
  5. Exigimos se adopten medidas y se cumplan las garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural.
  6. Exigimos inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías.

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